A casi dos años de su inauguración, el Tren Maya, de Andrés Manuel López Obrador, mantiene sus problemas legales y procesos judiciales. Según la Coordinación General Jurídica y de lo Contencioso del Tren Maya, S.A. de C.V., dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), existen 51 litigios del Tren Maya que siguen vigentes, relacionados con temas ambientales, laborales y de expropiaciones.
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Juicios activos por expropiaciones y medio ambiente en Tren Maya
De acuerdo con el informe oficial, se mantienen 12 juicios de amparo vinculados con expropiaciones de terrenos y afectaciones ambientales, así como tres juicios de nulidad derivados de la terminación anticipada de contratos y negativas de pago. Además, se reporta una inconformidad por el valor del avalúo de un predio impactado por el paso del tren.
Entre los litigios al Tren Maya, también continúa un juicio civil ambiental, notificado a la Sedena en agosto de 2025, aunque podría anularse tras la reforma de juicios de amparo, que exige ser el afectado directo para demandar. A estos procesos se suman cuatro juicios agrarios, impulsados por campesinos que buscan restitución de tierras e indemnizaciones por las expropiaciones realizadas durante la construcción.
Asimismo, el proyecto enfrenta 31 juicios laborales interpuestos por extrabajadores que denuncian despidos injustificados o reclaman responsabilidad patronal solidaria por parte del consorcio constructor.
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Litigios del Tren Maya por impacto ambiental
Desde el inicio de su construcción, el Tren Maya ha sido objeto de críticas por presuntos daños ambientales y violaciones a los derechos de comunidades locales. En 2022, se registraron más de 300 amparos y denuncias contra el proyecto. Sin embargo, el número disminuyó cuando el Gobierno federal lo declaró “proyecto de seguridad nacional”, lo que, según colectivos ambientalistas, ha limitado la transparencia y la ejecución de resoluciones judiciales.
Organizaciones como SOS Cenotes han impulsado campañas de recaudación colectiva para financiar sus demandas. Argumentan que la obra afecta gravemente los ecosistemas, cenotes y selvas del sureste mexicano.
Tren Maya: costos legales sin transparencia
Hasta el momento, no existe una cifra pública que detalle cuánto ha costado al Estado mexicano la defensa de los litigios del Tren Maya. Los gastos en abogados, peritajes y juicios se mantienen reservados, bajo el argumento de seguridad nacional.
El único dato conocido es que la Sedena perdió un juicio por la rescisión de contrato, con un costo superior a 86 millones de pesos. No obstante, se desconoce el monto total invertido en la defensa legal del proyecto.
