Un grupo de abogados y familiares de los capos enviados recientemente a Estados Unidos, han acusado al gobierno de México de violar la ley y el debido proceso al realizar dicho traslado sin contar con una orden formal de extradición.
Estas denuncias se presentaron en conferencia de prensa y ante la Fiscalía General de la República (FGR) tras el más reciente envío de 37 detenidos el 20 de enero de 2026. Con esta accoión, se suman ya tres entregas desde febrero de 2025 y un total de 92 personas trasladadas al país vecino.
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Acusaciones por violación de derechos y debido proceso
Los familiares y sus representantes legales sostienen que muchos de los trasladados no tenían trámites de extradición en curso ni una orden judicial que autorizara su entrega por parte del Gobierno de México a Estados Unidos.
Afirman que esto constituye una violación al debido proceso y a garantías fundamentales consagradas en la Constitución Mexicana y en tratados internacionales.
Vanessa Guzmán, pareja de uno de los enviados -el “Z-27”- afirmó en su denuncia que el traslado fue un “destierro” y no una extradición. Además, acusó a las autoridades de traición a la patria y corrupción por manejar los casos sin controles legales claros.
La abogada Yarey Sánchez Lagunas, quien representa a varios de los afectados, indicó que la falta de una orden de extradición dejó a los detenidos sin mecanismos legales para impugnar su transferencia.
Estrategia gubernamental y críticas
El gobierno, por su parte, sostiene que los traslados han sido legales y realizados por razones de seguridad nacional, argumentando que muchos de los detenidos enfrentaban solicitudes de extradición pendientes.
Ademas argumentan que que su permanencia en prisiones mexicanas no garantizaba el fin de sus actividades criminales. Washington ha señalado que los entregados no enfrentarían la pena de muerte tras acuerdos bilaterales.
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Denuncia ante la FGR y posibles repercusiones
La denuncia penal presentada ante la FGR no solo señala violaciones al debido proceso, sino que también apunta a altos funcionarios de seguridad, entre ellos miembros del Consejo de Seguridad Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por haber autorizado los traslados sin el procedimiento jurídico debido.
Los acusadores advierten que este tipo de prácticas puede sentar un precedente grave para el Estado de derecho en México. Señalan que estas acciones afecran su situación legal al prescindir de mecanismos judiciales establecidos en la legislación de extradición y al limitar sus derechos.
La controversia continúa mientras el gobierno defiende su actuación como un instrumento legítimo. Mientras tanto, grupos civiles y legales observan atentamente el desarrollo de las acciones legales que podrían derivar en importantes debates constitucionales y diplomáticos.
