La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, destacando que ocho estados de la República concentran el 66% de los casos registrados a nivel nacional. Esta iniciativa fue dada a conocer durante una conferencia conjunta con autoridades del Gabinete de Seguridad, la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Sedena y Semar.
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Estados con mayor incidencia en la Estrategia Nacional contra la Extorsión
La estrategia está dirigida especialmente a entidades donde se ha documentado un alto número de carpetas de investigación por extorsión. Los estados que encabezan la lista son:
- Estado de México: 2,048 carpetas
- Guanajuato: 879 carpetas
- Nuevo León: 645 carpetas
- Ciudad de México: 602 carpetas
- Veracruz: 585 carpetas
- Jalisco: 178 carpetas
- Guerrero: 47 carpetas
Estas entidades concentran más de la mitad de los casos de extorsión del país, lo que justifica su inclusión prioritaria dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
Omar García Harfuch enfatizó que ya se mantiene una coordinación estrecha con gobernadores de los estados más afectados. Además, señaló que entidades como Guerrero, Michoacán y Jalisco son clave en el combate contra las redes criminales generadoras de violencia vinculadas a la extorsión.
“Con algunos de los gobernadores ya tenemos una coordinación muy estrecha y trabajo continuo”, afirmó el titular de la SSPC, subrayando que este esfuerzo conjunto permitirá resultados más efectivos.
Objetivos principales de la Estrategia Nacional contra la Extorsión
El plan tiene como objetivo fortalecer las capacidades de investigación e inteligencia para desmantelar organizaciones criminales dedicadas a la extorsión. “Esta estrategia nos permite robustecer las investigaciones y ampliar nuestras capacidades para detener a los generadores de violencia”, puntualizó García Harfuch.
La Estrategia Nacional contra la Extorsión se suma al conjunto de acciones federales para mejorar la seguridad en el país y proteger a la ciudadanía frente a delitos de alto impacto.