Estados Unidos retiró al puerto de Algeciras de un acuerdo clave de intercambio marítimo con Asia, privilegiando en su lugar al complejo marroquí de Tánger-Med. Esta decisión, efectiva desde junio de 2025, afecta rutas comerciales y militares que conectan las costas estadounidenses con Japón, Corea del Sur, China e India. Las navieras American President Lines y Maersk Line Limited argumentan motivos operativos, pero el cambio ocurre en medio de tensiones diplomáticas por la negativa española a buques con destino a Israel.
El puerto del Campo de Gibraltar pierde así su posición como nodo principal en el Mediterráneo occidental, tras años de ser escala obligada para el tráfico transatlántico. La medida impacta no solo en lo comercial –con 750,000 TEU anuales en juego-, sino también en la cooperación logístico-militar, ya que Maersk participa activamente en el Programa de Seguridad Marítima del Pentágono.
Trasfondo geopolítico de la decisión
La Comisión Marítima Federal (FMC) de EEUU investiga desde noviembre de 2024 las restricciones españolas a buques con posible carga para Israel. Rebecca F. Dye, comisionada de la FMC, criticó públicamente la postura del gobierno de Pedro Sánchez, calificando sus explicaciones como «un ejercicio de soberanía antes que una justificación operativa».
El incidente detonante ocurrió cuando España denegó el atraque a los portacontenedores Maersk Denver y Maersk Seletar, alegando prevención de «crímenes de guerra». Esta postura, sumada a otros desacuerdos como el contrato con Huawei y la no adquisición de cazas F-35, ha enfriado notablemente las relaciones bilaterales en materia de defensa y logística.
Impacto económico y estratégico
La exclusión de Algeciras afecta directamente:
- 4% del total de tráfico contenedorizado español (19 millones TEU en 2024)
- Mercancías de alto valor para sectores como automoción y aeronáutica
- La posición de España como hub logístico mediterráneo
Tánger-Med se consolida como alternativa, ofreciendo ventajas fiscales y evitando regulaciones de la UE. Su capacidad de manejo supera ya los 9 millones de TEU anuales, con ampliaciones en curso que podrían duplicar esta cifra para 2030.
Para España, las consecuencias podrían agravarse si la FMC determina sanciones, que incluirían multas de hasta 2 millones de euros por barco y posibles restricciones de acceso a puertos estadounidenses. Mientras, el gobierno español mantiene que su decisión responde a principios éticos y de soberanía portuaria, aunque el costo económico comienza a hacerse evidente.
