Jorge Bechara Estefan López, hijo de Estefan Chidiac, investigado por vínculos con huachicol fiscal

Jorge Bechara Estefan López, hijo de Estefan Chidiac, investigado por vínculos con huachicol fiscal Jorge Bechara Estefan López, hijo de Estefan Chidiac, investigado por vínculos con huachicol fiscal
Foto: Facebook

Jorge Bechara Estefan López, sobrino del exgobernador Tony Gali e hijo de Jorge Estefan Chidiac, exsecretario de Educación Pública estatal, es investigado por presuntos vínculos en una red de huachicol fiscal.

El empresario solicitó un amparo contra una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República (FGR), que lleva a cabo esta investigación contra la empresa de la cual es accionista y que tendría nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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La investigación tiene como eje a Grupo Potesta S.A. de C.V., firma en la que Bechara es accionista. Pese a contar con solo ocho empleados, la compañía reportó ingresos de mil 787 millones de pesos y habría operado bajo domicilios fiscales irregulares en Puebla y Ciudad de México, uno de ellos catalogado como fantasma.

Jorge Bechara Estefan López, investigado por nexos con huachicol fiscal

Según la FGR, Grupo Potesta forma parte de una estructura de 210 empresas que facilitaron operaciones de comercio ilegal de combustible. El esquema se apoyó en alianzas con compañías internacionales como Trafigura e Impulsora de Productos Sustentables (IPS). Estas fueron señaladas como responsables de exportar y reintroducir hidrocarburos robados como si fueran importaciones legales.

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La empresa también incurrió en maniobras financieras sospechosas como lo son movimientos por 220 millones de pesos con Vector, Casa de Bolsa, firma señalada en Estados Unidos por presunto narcolavado. Además, gasolineras Gemma y Oktan, asociadas a la empresa en municipios poblanos como Coronango, San Andrés Cholula y San Miguel Xoxtla, fueron clausuradas.

El recurso de amparo que tramitó Jorge Bechara Estefan López fue tramitado el 12 de septiembre y admitido el 19, con una suspensión provisional en tanto se resuelve la audiencia constitucional prevista para el 22 de octubre.

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