El pasado 24 de noviembre de 2025, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) otorgó una autorización controversial a la aerolínea Volaris para que emplee pilotos extranjeros y así operar vuelos nacionales. Dichos pilotos son provenientes de Malta y Lituania. Esta medida aplicará desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 12 de enero de 2026, periodo considerado como temporada alta para el sector aéreo.
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Sin embargo, esta decisión generó rechazo inmediato por parte de organizaciones de pilotos mexicanos y expertos legales. La razón principal es que la Constitución Política de México, en su artículo 32, establece claramente que únicamente las personas nacidas en el país pueden desempeñarse como capitanes de aeronaves en territorio nacional. Por tanto, la autorización representa una violación directa a la Carta Magna.
El esquema utilizado es conocido como arrendamiento húmedo, que implica el alquiler simultáneo de las aeronaves junto con su tripulación. Aunque esta práctica está prevista para resolver situaciones de emergencia o sobrecarga operativa, los pilotos mexicanos sostienen que la empresa cuenta con suficientes profesionales nacionales capacitados para cubrir la demanda, por lo que no existiría justificación real para esta medida.
Declaraciones de los sindicatos y organismos de aviación
La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) y el Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM) enfatizaron que esta autorización pone en riesgo la soberanía aérea del país y vulnera los derechos laborales. También alertan que abre la puerta a prácticas de cabotaje encubierto, permitiendo a extranjeros operar rutas internas, situación prohibida por la ley.
Ambos organismos solicitaron a las autoridades que revocaran esta autorización y advierten que emprenderán acciones legales para garantizar el cumplimiento de la legislación mexicana. Además, llaman a proteger el empleo de los pilotos nacionales y a mantener la integridad del marco jurídico aeronáutico mexicano.
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La autorización para que Volaris emplee pilotos extranjeros en vuelos nacionales ha encendido una polémica jurídica y sindical que pone sobre la mesa la defensa de la soberanía, los derechos laborales y el respeto a la Constitución. Mientras tanto, las autoridades competentes deberán evaluar la legalidad y conveniencia de esta medida y su impacto en el sector aéreo mexicano.
