La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por un monto superior a 65 mil millones de pesos durante el último año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El informe detalló presuntos daños al erario por 65,169 millones de pesos, cantidad que representa el total de observaciones pendientes de aclaración en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2023.
La ASF atribuyó una gran parte de estas irregularidades a operaciones en el Sistema Subnacional, donde se señalaron posibles inconsistencias por más de 54,344 millones de pesos.
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Hallazgos en obra pública y documentación
La revisión de la ASF destacó que aproximadamente el 36% de estas irregularidades se relacionaron con la ejecución de obra pública, así como con la falta de documentación que acreditara el correcto uso de los recursos asignados. 
Entre los sectores afectados aparecieron entidades públicas federales y estatales, incluyendo a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que registraron señalamientos relacionados con la administración financiera y la aplicación de fondos.
La ASF informó que la ejecución deficiente de las obras impidió la comprobación del destino final de los recursos, lo que causó la presunción de daño patrimonial.
Revisión del gasto público federal y subnacional
El informe de auditoría incluyó la revisión del manejo del gasto público federal y subnacional, evidenciando fallas en la documentación y justificación del gasto que generaron observaciones importantes. La ASF subrayó que dichas anomalías no se resolvieron durante el periodo fiscal auditado ni en los procesos posteriores de aclaración.
Además, el monto acumulado de irregularidades no solventadas durante los seis años del sexenio alcanzó los 417,321 millones de pesos, cifra derivada de múltiples auditorías realizadas a través del tiempo.
Marco jurídico y reporte ante autoridades
Los órganos de fiscalización pública, conforme al marco jurídico vigente, llevan a cabo estas auditorías con el propósito de garantizar la transparencia y correcta administración de los recursos públicos federales y locales.
La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación establece que la ASF debe informar sobre los resultados, mientras que las autoridades responsables están obligadas a responder y aclarar las observaciones en los plazos establecidos.
En este caso, el volumen y monto de las observaciones concentran la atención en los últimos años de gobierno federal y en las entidades estatales sujetas a fiscalización.
Los resultados publicados por la ASF forman parte del tercer informe que abarca la cuenta pública 2023, último ejercicio fiscal del periodo presidencial. El organismo puntualizó que la falta de aclaración o solventación de los recursos detectados deja un saldo pendiente en el control del gasto público.
