EUA, por medio de la organización PEN America, informó «La normalización de la prohibición de libros», que documenta la censura de libros latinoamericanos en escuelas y bibliotecas públicas.
La organización detalló que casi 4 mil títulos fueron retirados de escuelas en 45 estados durante el último año académico. La denuncia se presentó ante la opinión pública mediante la publicación de dicho reporte, que analiza datos hasta junio de 2025.
La denuncia se presentó porque un tercio de las obras prohibidas son de autores latinoamericanos o abordan diversidad racial e identidad de género. Las asociaciones de escritores y bibliotecarios señalaron que la censura tiene como blanco principal la representación de minorías y enfoques críticos en la literatura.
EUA censura libros latinoamericanos en espacios públicos
El reporte de PEN America estableció que la censura en bibliotecas públicas y escolares alcanzó niveles sin precedentes. Los datos indican que se registraron 6,870 incidentes de prohibición entre julio de 2024 y junio de 2025. Florida, Texas y Tennessee son los estados que lideran estas acciones, todos ellos gobernados por administraciones republicanas con una marcada orientación política conservadora.
Entre los libros retirados figuran obras de Gabriel García Márquez, Isabel Allende y Laura Esquivel. También se restringieron biografías de figuras como Frida Kahlo y textos históricos sobre la experiencia latina en EUA.
En estos estados, campañas coordinadas por grupos con perspectivas tradicionales cristianas, que albergan opiniones sobre la sexualidad y la identidad de género opuestas a las contenidas en muchos de estos libros, impulsaron gran parte de la censura.
Niveles de pensamiento tradicional en Florida, Texas y Tennessee
El informe de PEN America señala que detrás de muchas iniciativas de censura en estos estados existen campañas coordinadas por individuos y grupos que promueven opiniones homofóbicas, supremacistas blancas y nacionalistas cristianas.
Estas ideologías tradicionales buscan imponer un «control ideológico» en la educación pública y a menudo confunden las representaciones de identidades LGBTQ+ o de diversidad racial con contenido sexual o «adoctrinamiento radical».
Este marco de pensamiento conservador se ha traducido en un marco legal coercitivo. Grupos locales y funcionarios electos ejercen presión directa, amenazando incluso con las licencias profesionales de educadores que no acatan estas directrices.
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La combinación de acción política, presión comunitaria y nuevas leyes estatales ha creado un clima de miedo que fomenta la autocensura, normalizando la retirada de libros como medida preventiva.
Proceso que llevó a la denuncia
La ola de vetos fue impulsada por legislaciones estatales y directivas federales. Estas leyes usan términos amplios como «sexualmente explícito» o «dañino», lo que genera una cultura de autocensura entre educadores y bibliotecarios. La amenaza de sanciones, multas e incluso penas de prisión para el personal de bibliotecas públicas y escolares aceleró el retiro de libros.
El informe de PEN America vincula este proceso con un contexto político específico. Señala que la retórica y las órdenes ejecutivas de la administración de Donald Trump sumaron presión a los distritos escolares. Órdenes como «Ending Radical Indoctrination in K-12 Schooling» se utilizaron como justificación para retirar libros latinoamericanos y otros títulos.
Como resultado, muchas restricciones no surgen de revisiones individuales, sino del «sobrecumplimiento» por miedo a represalias legales. Este mecanismo ha normalizado la remoción preventiva de material.
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Restricciones
Un análisis específico sobre autores latinos identificó 76 restricciones a sus obras durante el ciclo 2024-2025. Florida concentra 43 casos, Texas 25 y Tennessee 7. Las restricciones incluyen prohibiciones totales, límites por grado escolar o la exigencia de permiso parental.
Los motivos citados para las prohibiciones son «referencias sexuales» o «críticas al capitalismo y al colonialismo». Sin embargo, el 36% de todos los libros vetados a nivel nacional presentan personajes de color, y una cuarta parte aborda temas LGBTQ+. Esto muestra un patrón de censura que afecta a narrativas sobre minorías.
Inconformidad nacional e internacional
La oposición a estas prohibiciones es significativa. Un informe del EveryLibrary Institute recopila encuestas donde una mayoría de votantes estadounidenses se opone a la censura en bibliotecas públicas y escolares. Hasta un 75% considera esencial proteger el acceso de los jóvenes a libros con diversas perspectivas.
A nivel internacional, la prohibición de clásicos literarios latinoamericanos ha generado preocupación y se ha reportado como un fenómeno alarmante. La retirada de autores como García Márquez o Allende se interpreta como la exclusión de la voz latinoamericana y de experiencias históricas críticas del relato educativo.
Las principales organizaciones defensoras de la libertad intelectual califican este fenómeno de «sin precedentes». La discusión actual se centra en el impacto que tiene la limitación del acceso a una literatura plural en la formación de los estudiantes. El debate sobre la censura sigue activo en el ámbito legislativo y comunitario de EUA.
Esta situación contrasta con el consumo de otros contenidos en la sociedad, donde la industria del entretenimiento, con un mercado valorado en más de 717 mmdd anuales según PwC, incluye una oferta significativa de productos de contenido sexual.
Sin embargo, ese consumo proviene principalmente de la industria comercial estadounidense, lo que hace necesario analizar el trasfondo de esta contradicción conforme se desarrollen más acontecimientos en el futuro.
