Hay momentos en los que la política abandona el terreno de las ideas y se reduce a la capacidad, o incapacidad, de ejercer el poder con orden. En esos lapsos, el discurso importa poco: los inversionistas ajustan cálculos, los gobiernos observan con cautela y los socios comerciales archivan cada gesto para futuras decisiones. Como empresario, me interesa menos el aplauso coyuntural y más la lectura fría de los hechos. La política exterior no es un ejercicio de simpatía ni un concurso de frases bien recibidas. Es una herramienta para reducir riesgos, ordenar prioridades y dar certidumbre a quienes producen, invierten y generan empleo. En ese plano, lo que ha ocurrido en los últimos días obliga a un análisis incómodo, pero necesario.
La segunda llamada telefónica de 2026 entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump se presentó como un intercambio productivo. Así lo dijo la presidenta y así lo confirmó el propio mandatario estadounidense, quien habló de frontera, narcotráfico y comercio, y cerró con elogios personales hacia la jefa del Ejecutivo mexicano. El problema no está en la cortesía diplomática, sino en lo que no se dijo. El T-MEC no vive de declaraciones optimistas; vive de reglas claras, de mecanismos de resolución de conflictos y de certidumbre jurídica. Cada revisión pendiente, cada amenaza arancelaria latente, pesa más que cualquier frase amable.
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Ese telón de fondo explica por qué la discusión sobre el petróleo enviado a Cuba resulta tan delicada. México se convirtió en el principal proveedor de crudo de la isla tras el ataque militar estadounidense a Venezuela y el bloqueo de buques de petróleo venezolano. Esa decisión tensó la relación con Washington. Frente a la advertencia de Trump sobre nuevos aranceles a países que suministren petróleo a Cuba, Sheinbaum respondió con una defensa del principio de soberanía y con la promesa de acudir a las vías diplomáticas. El discurso es correcto en la forma, pero insuficiente en el fondo. La soberanía no elimina los costos económicos ni neutraliza represalias comerciales. Para quienes dependen del comercio con Estados Unidos, ese silencio sobre las consecuencias prácticas resulta preocupante. 
Lo más revelador no fue la discusión petrolera en sí, sino la manera en que el Gobierno decidió administrarla públicamente. Días antes, desde la conferencia matutina habitual, se explicó que la Presidencia había enviado una carta al primer ministro de Corea del Sur. El objetivo: pedir su intervención para que la banda BTS abriera más fechas de conciertos en México tras el caos de Ticketmaster. No fue una anécdota inocente. Fue una distracción calculada.
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Ese movimiento no respondió a una política exterior responsable ni a una reflexión de largo alcance. Fue un intento por desviar la conversación pública hacia un tema emocional y masivo para amortiguar el costo político de una decisión incómoda.
México, una de las principales economías de la región, envía señales contradictorias. Habla de soberanía mientras mide sus decisiones en función de la presión externa. Presume diálogo con Washington, pero evita precisar compromisos. Y cuando enfrenta una discusión seria, recurre a la distracción. Eso no fortalece liderazgos regionales ni genera confianza.
En los negocios, la improvisación se paga caro. En la política internacional, también. Si la administración de Sheinbaum no separa con claridad la gestión del poder de la gestión del aplauso, el costo no será simbólico. Se reflejará en inversión contenida, cautela empresarial y mayor fragilidad frente a socios que no confunden diplomacia con espectáculo.
