En México, las mipymes, principalmente negocios familiares, representan el 99.8% del total de las unidades económicas del país. Son la columna vertebral de la economía nacional, generando el 70.7% del empleo formal y el 96.7% del empleo informal. A pesar de su relevancia, el 67% de estas empresas aún opera en la informalidad, lo que revela una falla estructural profunda.
La informalidad no es una simple condición administrativa; es una barrera que impide a millones de negocios acceder a créditos, seguridad social, innovación tecnológica y posibilidades reales de crecimiento. Es también una trampa que reduce la productividad, excluye de los mercados globales y mantiene al país atado a condiciones laborales frágiles.
Frente a este desafío, la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares G32 surge como una organización determinante. Su propuesta es clara: impulsar un modelo de formalización práctico, gradual y sostenible, que reconozca la realidad de los pequeños negocios y no los castigue con cargas regulatorias que asfixian al emprendedor. En el centro de su visión está la economía de mostrador, esa que vive al día y necesita que la caja registradora suene para sobrevivir.
La G32 propone una agenda basada en incentivos reales, simplificación fiscal y certeza jurídica, pero también apuesta por un cambio profundo en el liderazgo empresarial: una visión de largo plazo, educación financiera aplicada y una nueva cultura de emprendimiento con propósito.
La formalidad, lejos de ser una carga, debe ser una vía de dignificación. Debe servir para profesionalizar los negocios familiares, abrirles puertas a nuevas oportunidades y construir un México más justo y competitivo.
En este contexto, las microempresas, que representan el 94% del total, son las más vulnerables. Con un 75% operando en la informalidad, necesitan algo más que discursos políticos: necesitan herramientas prácticas, mentores empresariales, tecnología accesible y acompañamiento real.
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Desde la G32 se promueve una nueva mentalidad de liderazgo: valores, sostenibilidad y acción colectiva como pilares de una transformación profunda. A través de redes de apoyo, alianzas público-privadas y programas de capacitación, se busca empoderar a quienes hoy sostienen la economía desde sus hogares y talleres.
Hoy vivimos un momento histórico. No basta con visibilizar el problema: es hora de actuar con liderazgo y voluntad. La formalización no debe sentirse como un castigo ni un privilegio inaccesible, sino como una promesa cumplida de desarrollo y equidad.
Porque la informalidad, aunque rentable para algunos, no es buena para México. Es un camino cuesta arriba que se debe transitar con determinación. Y aunque no será fácil, es el único que conduce hacia un país más fuerte, más justo y con oportunidades reales para todos.
La realidad actual es clara: ser formal en México cuesta más, implica más riesgo y es mucho más complicado que ser informal. Pareciera que la gobernanza actual está diseñada para desincentivar la legalidad. Esa complejidad se convierte en terreno fértil para la corrupción, la exclusión y la pérdida de competitividad, castigando a quien quiere hacer las cosas bien.
Este es un problema estructural. Mientras el Estado no cambie su forma de pensar, seguirá aplicando las mismas soluciones que solo alimentan la trampa de la precariedad y mantienen estancada a la economía real, la que vive en cada hogar mexicano.
Porque detrás de la informalidad hay intereses económicos y marcos regulatorios sobredimensionados que benefician a unos pocos a costa de millones. Por eso, si en verdad queremos poner “primero a los pobres”, debemos empezar por poner primero a los negocios familiares.
Hoy más que nunca, es momento de pensar en grande por los pequeños.