La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la seguridad de Abelina López Rodríguez en Acapulco. Esto luego que gracias a su fallo mantendrá la protección contra el juicio de revocación de mandato y de una auditoría por el presunto manejo irregular de 898 mdp en recursos federales.
El caso se remonta a junio de 2025, cuando Yasmín Esquivel Mossa y Javier Laynez Potisek realizaron la propuesta. Con esto es que la presidenta municipal estará intocable hasta nuevo aviso, o al menos hasta que la Corte resuelva de fondo las controversias constitucionales promovidas por la edil.
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SCJN protege a Abelina López contra revocación de mandato y corrupción en Acapulco
El fallo se produjo luego de que el máximo tribunal declarara infundados cuatro recursos de reclamación. Tres fueron interpuestos por el Poder Legislativo local y uno más por la Auditoría Superior del Estado de Guerrero. Las autoridades solicitaron revocar la admisión de las controversias constitucionales 174/2025 y 176/2025 promovidas por la alcaldesa. También pidieron dejar sin efectos las suspensiones que le fueron otorgadas.
El proyecto de la SCJN concluyó a favor de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López. Indicó que los agravios planteados por el Congreso local carecían de sustento jurídico y propuso mantener la medida cautelar a favor de la presidenta municipal.
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La resolución señala que se cumple con los requisitos de apariencia de buen derecho y peligro en la demora, debido a la existencia de actos de ejecución relacionados con responsabilidades específicas derivadas de solicitudes de información sobre recursos federales. En particular, el fallo subraya que la fiscalización de aportaciones federales, como el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMDF), corresponde exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación y no a autoridades locales como la ASE.
Las controversias constitucionales fueron promovidas por Abelina López Rodríguez a través del síndico municipal, Miguel Jaimes Ramos. Su objetivo fue frenar un eventual proceso de revocación de mandato y los requerimientos de información formulados por la auditoría estatal en relación con la Cuenta Pública 2023. El conflicto se centra, principalmente, en la fiscalización de recursos federales del Ramo 33.
