La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) genera debate al cuestionar el uso de arrendamientos húmedos o wet lease por aerolíneas como Volaris. La compañía incorpora siete aeronaves extranjeras para la temporada invernal, lo que activa mesas de trabajo en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Por su lado, el capitán José Suárez, vocero de ASPA, confirma avances hacia posibles cambios legislativos que regulen estas prácticas.
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Leyes mexicanas en revisión: Wet leases generan controversia laboral
Volaris y Viva Aerobus aplican wet leases ante la falta de aeronaves nacionales, con autorización de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC). Estas operaciones incluyen tripulaciones extranjeras, lo que ASPA considera un vacío legal en la Ley de Aviación Civil y el artículo 45 que permite usos temporales excepcionales.
El sindicato argumenta que estas prácticas vulneran el artículo 32 constitucional, que exige nacionalidad mexicana para pilotos. ASPA participa en mesas de diálogo para cerrar interpretaciones ambiguas y priorizar talento nacional en vuelos mexicanos.
Posiciones encontradas en la industria
Analistas como Fabricio Cojuc destacan que el wet lease resuelve la escasez de aviones, no de pilotos, y proponen normalizarlo como en Brasil y Argentina. ASPA advierte del desplazamiento de tripulaciones locales y denuncia irregularidades en Viva Aerobus, donde plazas mexicanas pasan a extranjeros o copilotos menos experimentados.
El Convenio de Chicago respalda estos arrendamientos en emergencias internacionales, pero México enfrenta tensiones por su aplicación local. Las aerolíneas defienden la medida para mantener capacidad operativa en temporada alta.
Debate se centra en nacionalidad y capacidad
ASPA insiste en que México cuenta con pilotos suficientes y calificados para cubrir demanda interna. El gremio califica el wet lease como “minicabotaje” prohibido cuando desplaza empleo local. Especialistas llaman a equilibrar regulaciones que eviten controversias recurrentes.
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Las discusiones continúan para precisar límites legales y proteger los derechos laborales sin frenar operaciones aéreas. La industria aérea monitorea posibles reformas que impacten contratos y rutas nacionales.
