El Congreso mexicano ha encendido el debate nacional al acelerar la aprobación de la nueva Ley General de Aguas, una iniciativa promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum que busca regular el uso, concesión y distribución del recurso hídrico en el país.
La propuesta, que pretende ser aprobada antes del 15 de diciembre, ha provocado un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno Federal y las organizaciones agrícolas y ganaderas, apenas semanas después del conflicto por el precio del maíz.
El corazón del conflicto: Las concesiones de agua y el control estatal
El punto más polémico de la iniciativa radica en que las concesiones para el uso del agua ya no podrán transferirse entre particulares. En cambio, deberán regresar al Estado para su reasignación por parte de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
Según el Gobierno de México, esta medida busca poner fin al mercado ilegal de compraventa de concesiones, una práctica que ha prosperado por años en el país. Sin embargo, los campesinos y pequeños productores advierten que esta decisión pone en riesgo sus derechos adquiridos, su patrimonio y la viabilidad de la producción agrícola.
“Es una ley regresiva que nos despoja de lo que hemos ganado durante décadas”, declaró Eraclio Rodríguez, exdiputado federal y líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo. “Sin concesiones, nuestras tierras pierden valor y nuestras familias quedan desprotegidas”.
“Nos quitan el agua, nos quitan el campo”: Los reclamos del sector agrícola
Los productores rurales señalan que la nueva ley afecta directamente la herencia y compraventa de tierras, ya que sin acceso al agua, las propiedades pierden valor económico y productivo.
Además, la exigencia de infraestructura sustentable para mantener los permisos (como sistemas de riego tecnificado o canales de concreto) aumenta los costos para los pequeños agricultores, quienes no cuentan con los recursos de las grandes agroindustrias.
“Tenemos canales de tierra y sistemas antiguos. No competimos con las empresas extranjeras que sí pueden costear esa tecnología”, explicó Horacio Gómez, presidente de la Asociación de Productores de Trigo en Baja California.
El poder del agua: Los grandes beneficiarios del actual sistema
Un estudio titulado Los millonarios del agua revela que solo el 1.1% de los usuarios concentran el 22% de toda el agua concesionada del país. En otras palabras, unos 3,300 grandes usuarios privados disponen de más de 13 mil millones de metros cúbicos anuales, el equivalente a más de 5 millones de albercas olímpicas.
Este acaparamiento, sostienen los promotores de la nueva ley, es precisamente lo que la reforma busca evitar.
“Con la ley actual, el agua se volvió una mercancía. Las concesiones se compran, se heredan o se hipotecan como si fueran propiedad privada. Eso debe terminar”, afirmó Beatriz Olivera, especialista en sustentabilidad e integrante del colectivo Cambiémosla Ya.
Sheinbaum bajo presión: Diálogo estancado y amenaza de bloqueos
A pesar de las negociaciones con la Secretaría de Gobernación, los líderes campesinos aseguran que no se ha alcanzado un acuerdo real. Denuncian que sus demandas han sido reducidas a un artículo transitorio, una cláusula que podría eliminarse fácilmente después de la aprobación.
Por ello, las organizaciones del campo han anunciado acciones de presión más contundentes. Se reunirán con diputados de Morena en la Cámara para intentar frenar el proceso; sin embargo, si el Congreso mantiene la ruta acelerada, anunciarán un paro nacional con bloqueos de carreteras, empresas y pasos fronterizos.
“Queremos hablar directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum. Necesitamos saber que escucha nuestras preocupaciones y que no legislará en contra del campo mexicano”, enfatizó Gómez.
La Ley General de Aguas busca, según su exposición de motivos, garantizar el acceso universal al agua como un derecho humano, priorizando el consumo doméstico y público sobre el agrícola o industrial en tiempos de escasez.
