El incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a los cigarros puede fortalecer al crimen organizado. Esta posibilidad se abre si no se acompaña de una estrategia efectiva contra el mercado ilegal.
La advertencia llega tras una investigación del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México. El estudio señala que, lejos de reducir el consumo, el alza fiscal podría incentivar la compra de cigarrillos ilícitos, reducir los ingresos públicos y fortalecer las finanzas del crimen organizado.
¿Por qué el aumento a los cigarros fortalece al crimen organizado?
Según el análisis, antes de las reformas fiscales de 2011 el mercado ilegal de tabaco representaba apenas el 2% del consumo total en el país. Sin embargo, tras el incremento del IEPS, esa cifra aumentó hasta 16.6% en 2013, con pérdidas fiscales estimadas en 13 mil 500 millones de pesos anuales.
Actualmente, el comercio ilícito alcanza uno de cada cinco cigarrillos vendidos en México, lo que implica una evasión impositiva cercana al 20% del mercado.
El estudio sobre el aumento a los cigarros, por el IEPS, y el fortalecimiento al crimen organizado advierte que un nuevo incremento podría no lograr su objetivo de desincentivar el consumo.
Sugiere que los precios más altos del producto legal empujarían a los consumidores hacia el mercado ilegal, donde los cigarros son más baratos y carecen de regulación sanitaria. En este contexto, las medidas fiscales podrían tener un efecto inverso, afectando tanto la recaudación como la salud pública.
Otro de los hallazgos del reporte es la baja capacidad del Estado para sancionar y disuadir estas actividades. Mientras las pérdidas fiscales por comercio ilícito se estiman entre 13 y 15 mil millones de pesos anuales, los decomisos oficiales apenas alcanzan 15 millones de pesos, lo que equivale a recuperar solo uno de cada mil pesos evadidos.
Las multas actuales —de entre 10 y 20 pesos por cajetilla sin sello fiscal— resultan insuficientes frente a los amplios márgenes de ganancia del contrabando.
Ante esta situación, los investigadores recomiendan ajustar el esquema de sanciones, fortalecer los sistemas de aduanas y trazabilidad e incrementar la coordinación entre autoridades fiscales y de seguridad.
