El 19 de marzo de 2025, un operativo federal en el puerto de Altamira, Tamaulipas, permitió el aseguramiento del buque tanque Challenge Procyon. La embarcación transportaba 10 millones de litros de diésel, además de tractocamiones, contenedores y armas de grueso calibre. El hallazgo abrió una investigación que busca esclarecer los nexos de esta operación marítima con organizaciones criminales.
La denuncia que dio origen al operativo asegura que el Challenge Procyon llegaba de manera recurrente a los puertos de Tampico y Altamira, Tamaulipas. Específicamente, lo hacía con cargamentos de combustible y armamento. Los documentos de aduana registraban mercancías distintas, lo que permitió que los embarques pasaran los controles sin mayores complicaciones.
Vínculos con organizaciones delictivas
La investigación señala como presuntos responsables al empresario Héctor Manuel Portales Ávila, al exjuez federal Anuar González Hemadi y a José Ramírez Guardado, todos vinculados a la empresa Mefra Fletes, dedicada al transporte de hidrocarburos.
El expediente judicial detalla que el Cártel del Golfo ofrecía protección a las operaciones en la región, lo que permitía que la embarcación descargara combustible y armas sin interferencias. La Fiscalía General de la República (FGR) también indaga posibles vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y con empresas fachada que encubrían estas actividades mediante rutas internacionales de comercio marítimo.
Audiencia en El Altiplano
La causa penal 216/2025 se mantiene activa y las autoridades ampliaron las investigaciones hacia al menos ocho personas más y varias compañías señaladas de participar en este esquema.
La próxima audiencia está prevista para el 30 de octubre en los juzgados del penal de El Altiplano, Estado de México. En ella se presentarán nuevos elementos que podrían reforzar las acusaciones y definir la magnitud de una red delictiva con alcance nacional e internacional.
La investigación contempla tanto la posesión ilegal de hidrocarburos como delitos relacionados con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, lo que eleva la relevancia del caso en la agenda de seguridad y justicia federal.
