En Estados Unidos, la política migratoria adoptó un enfoque cada vez más operativo y cuantificable. Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) reciben bonificaciones económicas por el número de arrestos realizados, según documentos sindicales y testimonios de personal activo.
Este esquema, motivado por un sistema de recompensas, genera cuestionamientos sobre su impacto en el respeto a los derechos legales de las personas migrantes.
El nuevo modelo se activó tras la aprobación del paquete fiscal firmado por el presidente Donald Trump el 4 de julio. Con un presupuesto de 170 mil millones de dólares destinado exclusivamente al control migratorio y la seguridad fronteriza, esta legislación otorgó 75 mil millones a ICE y 46 mil millones a CBP.
Parte del financiamiento incluye recursos para ampliar centros de detención, contratar más agentes, modernizar equipos y, de forma menos visible, establecer bonificaciones por productividad.
Incentivos económicos para agentes migratorios por cada arresto
De acuerdo con sindicatos policiales, los incentivos mensuales van desde mil 500 hasta 7 mil 500 dólares, dependiendo del número de detenciones, la región y el tipo de operativo. Estas cifras se suman a sueldos base que oscilan entre 8 mil y 19 mil dólares mensuales, posicionando a los agentes migratorios entre los mejor remunerados del gobierno federal.
Filtraciones señalan que los arrestos se han extendido más allá de personas con antecedentes penales. En algunos casos, se incluyen migrantes con visas vigentes, beneficiarios de programas como DACA e incluso ciudadanos. Este tipo de prácticas provoca preocupación entre organizaciones legales y de derechos humanos.
Demandas y críticas al modelo de productividad
Diversas demandas colectivas han sido presentadas ante tribunales federales por grupos como Democracy Forward y RAICES. Alegan que el sistema de incentivos promueve detenciones sin causa probable, vulnera principios constitucionales como la presunción de inocencia y carece de mecanismos transparentes de regulación.
Especialistas como Emma Montoya, del Instituto de Derechos Humanos de Oxford, advierten que el modelo actual convierte al sistema migratorio en una estructura de productividad.
“Cada arresto se traduce en puntos, bonos y ascensos”, señala.
Al interior de las agencias, algunos agentes manifiestan afectaciones psicológicas por la presión constante de cumplir metas, aún si eso contradice sus valores personales.
Un debate que sigue abierto
La situación continúa generando debate sobre los límites entre la seguridad nacional, los derechos individuales y los incentivos internos dentro de las agencias federales encargadas del control migratorio en Estados Unidos.
