Más de una docena de superyates rusos permanecen confiscados en puertos occidentales desde 2022, generando gastos de mantenimiento que superan los $30 millones anuales para los gobiernos que los retienen. Embarcaciones como el Phi en Londres o el Amadea en San Diego se han convertido en símbolos de las sanciones contra la élite rusa, pero también en fuertes dolores de cabeza financieros y legales. Expertos cuestionan si estas incautaciones mediáticas realmente afectan la capacidad bélica de Rusia, mientras los costos siguen acumulándose.
El peso económico del embargo náutico
El mantenimiento de estas embarcaciones de lujo consume recursos públicos significativos:
- Italia ha gastado $30+ millones en el Sailing Yacht A (valorado en $600M)
- EEUU superó los $30 millones con el Amadea antes de intentar venderlo
- Reino Unido enfrenta demandas por el Phi, cuyo valor asciende a $50 millones
«Los gobiernos no anticiparon que mantener un superyate cuesta el 10% de su valor anual», explica Alex Finley, exagente de la CIA.
El caso más paradigmático es el Alfa Nero en Antigua, que costaba $28,000 semanales en mantenimiento antes de su venta controversial a un magnate turco por $40 millones.
Laberintos legales y riesgos operativos
Los desafíos jurídicos complican cualquier solución:
• Disputas de propiedad: El Amadea lleva 2 años en litigio sobre su dueño real
• Limitaciones financieras: Las sanciones impiden que oligarcas transfieran fondos para mantenimiento
• Riesgos físicos: El capitán del Phi advierte sobre peligros de incendio en su ubicación actual
«Detrás de la ley están la política y los caprichos de los políticos», señala Benjamin Maltby, experto en derecho marítimo.
Estos factores disuaden a compradores potenciales, especialmente porque Rusia podría desafiar cualquier transferencia de propiedad en el futuro.
