La orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, ha generado una fuerte controversia política tras revelarse presuntos vínculos con la organización criminal La Barredora. Esta versión fue confirmada por autoridades militares, y comentada públicamente por José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno estatal y hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, el ex presidente enfrenta crecientes tensiones políticas derivadas del caso.
Durante una entrevista con la emisora XEVT, José Ramiro López Obrador declaró que Bermúdez Requena ya es buscado en territorios internacionales, luego de abandonar el país.
“Cuando alguien escapa, ya no lo persigue solo la autoridad local, sino la policía internacional. Vamos hasta las últimas consecuencias”, afirmó. Asimismo, sostuvo que el actual gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, “tiene una responsabilidad con la ciudadanía, no con criminales ni mafiosos”.
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Sedena confirma nexos con La Barredora
El comandante de la 30 Zona Militar, general Miguel Ángel López Martínez, informó que la orden de arresto fue emitida el 15 de febrero de 2025. Aseguró que existen pruebas que vinculan directamente a Bermúdez Requena como uno de los líderes de la organización delictiva La Barredora. La renuncia del exfuncionario, ocurrida en diciembre de 2023, coincidió con un importante aumento en los índices de violencia en el estado.
Según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Bermúdez abandonó el país el 14 de febrero con destino a Panamá. Posteriormente, se desplazó a España y Brasil para continuar su evasión de la justicia. Ante esta situación, el Gobierno Federal activó una ficha roja a través de Interpol, con el objetivo de coordinar su captura y posterior extradición.
La implicación de un exfuncionario de alto rango en un caso de delincuencia organizada ha reavivado críticas hacia la administración del expresidente López Obrador, bajo cuyo mandato Bermúdez Requena ocupó cargos relevantes en seguridad pública. Diversos sectores han comenzado a cuestionar el nivel de vigilancia y control ejercido sobre los servidores públicos durante aquel sexenio.
