La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán aseguró 107 máquinas tragamonedas durante 16 órdenes de cateo ejecutadas en el municipio de Maravatío. Los operativos se realizaron en puntos estratégicos vinculados a la operación de minicasinos, que generan ingresos ilícitos relacionados con actividades de grupos delictivos en la región.
La FGE reportó que estas máquinas tragamonedas generaban ganancias individuales estimadas entre 12 mil y 14 mil pesos diarios, las cuales representaban una fuente significativa de financiamiento para organizaciones criminales. Los minicasinos desmantelados operaban en establecimientos que servían de fachada para estas actividades ilegales.
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Destrucción masiva de equipos en Michoacán
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, encabezó un acto en Morelia donde, en paralelo a estos aseguramientos, se destruyeron 803 máquinas tragamonedas decomisadas en diversos municipios del estado. Esta cifra elevó a más de 3 mil el total de máquinas destruidas desde el inicio del programa estatal contra los minicasinos, establecido para combatir las economías ilícitas generadas por la delincuencia organizada. 
Operativos coordinados contra financiamiento ilícito
Por otro lado, el gobierno estatal detalló que al menos cinco organizaciones criminales se encontraban relacionadas con la operación de estos minicasinos, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La eliminación de estas fuentes de ingreso busca debilitar la capacidad operativa de dichos grupos y proteger la economía formal regional.
El operativo en Maravatío formó parte de una estrategia coordinada entre la Fiscalía General, fuerzas estatales y federales para cerrar los espacios utilizados para la extracción y lavado de recursos proveniente del crimen organizado. La medida responde a la prohibición vigente en Michoacán para la instalación y operación de máquinas tragamonedas en establecimientos no autorizados.
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Impacto y seguimiento en la lucha contra la delincuencia organizada
Asimismo, desde la instauración del programa de combate a estas actividades ilícitas, las autoridades estatales han mantenido una política de cero tolerancia a la operación no regulada de máquinas tragamonedas, aplicando órdenes de cateo y aseguramiento regularmente.
La suma de decenas de cateos y destrucción masiva de maquinaria representa un esfuerzo sostenido para interrumpir las cadenas de financiamiento del crimen organizado, sin que hasta la fecha se hayan informado nuevas intervenciones derivadas de estas acciones.
